El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Melipilla por un presunto delito de fraude al Fisco ocurrido en la Municipalidad de San Pedro. La acción judicial busca establecer responsabilidades penales por el uso irregular de tarjetas de combustible asignadas a los vehículos municipales.
Según el escrito, durante 2023 se habría ejecutado un esquema defraudatorio continuado que involucró cargas de combustible que excedían ampliamente la capacidad real de los estanques, operaciones realizadas en vehículos fuera de servicio y gastos que no se correspondían con la operatividad ni con las bitácoras oficiales. Estas irregularidades, sostiene el CDE, vulneran los principios de probidad y juridicidad que rigen a los órganos de la administración del Estado.
Los antecedentes surgieron a partir de un sumario administrativo que determinó un perjuicio patrimonial mínimo de $11 millones y permitió identificar administrativamente a un conductor municipal y a un bombero de la estación Petrobras como partícipes en las cargas irregulares. No obstante, el CDE estima que el daño fiscal alcanzaría los $20 millones.
De esta manera, el CDE solicita una serie de diligencias al Ministerio Público, entre ellas peritajes contables, análisis técnicos de los vehículos, incautación de registros y toma de declaraciones. En paralelo, anticipa que prepara una demanda civil para recuperar los montos presuntamente defraudados, para lo cual requirió información patrimonial de los involucrados ante conservadores y el Registro Civil.
Fast Check CL envió consultas a la Municipalidad de San Pedro para conocer si planean sumarse a la acción judicial o si el funcionario sigue vinculado al municipio. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Los hechos acusados por el CDE
La querella señala que, durante el 2023, un funcionario de la Municipalidad de San Pedro habría realizado cargas irregulares de combustible mediante tarjetas asignadas a vehículos municipales. Los registros indicarían que las operaciones superaban desmedidamente la capacidad real de los tanques vehiculares, habiendo gastos cercanos a los 500 mil pesos en algunas de las cargas.
En este sentido, la acción judicial expone que el supuesto abastecimiento excesivo incluso se habría registrado en vehículos fuera de servicio o que no se encontraban en funcionamiento. Asimismo, se agrega que las tarjetas de combustibles se habrían ocupado en gastos sin relación con la operatividad real de los autos ni con las bitácoras de traslado.
Todo lo anterior, indica el documento, constituye la omisión de los controles administrativos propios del régimen municipal, habiendo un incumplimiento del «Manual de Procedimiento Uso de Vehículos Municipales, Uso de Bitácoras y Combustible».
El perjuicio estimado
El CDE explicó que el sustento de los hechos judicializados se encuentra en un sumario administrativo, instruido por el Decreto Alcaldicio N° 989. De esta manera, el municipio de San Pedro identificó que el responsable de –al menos– cuatro hechos de cargas irregulares sería Manuel Malhue Castro, conductor municipal.
Además, se identificó la intervención de un tercero: un bombero de la estación de servicio, Petrobras, quien habría sido partícipe de las irregularidades analizadas por la entidad municipal.
De esta forma, el sumario realizado por el municipio habría constatado un perjuicio patrimonial de $11 millones. Sin embargo, el CDE estima un perjuicio mayor, que alcanzaría los $20 millones. Así, el organismo fiscalizador describió lo expuesto en la querella como un eventual «esquema defraudatorio continuado».
No obstante, pese a que el sumario habría identificado al conductor como presunto responsable, el escrito judicial precisa que las responsabilidades determinadas en el procedimiento disciplinario «sólo dan cuenta de infracciones a deberes funcionarias, conforme al estatuto administrativo municipal, lo que no implica ni permite afirmar responsabilidad penal alguna».
