La Contraloría Regional de Aysén (CGR) detectó una serie de irregularidades en la Municipalidad de Coyhaique —encabezada por el alcalde Carlos Gatica (DC)— durante el periodo enero-septiembre de 2024, calificadas como «Observaciones Altamente Complejas». El informe reveló 22 adquisiciones por $769,7 millones que no fueron tramitadas ni informadas a través del sistema oficial de compras públicas (Mercado Público), incumpliendo —según la CGR— la ley N° 19.886 y el decreto N° 250 de 2004.
La auditoría también constató que, en 14 oportunidades, los actos administrativos que aprobaban contrataciones por un total de $689,6 millones se emitieron de forma extemporánea. Esto implica que bienes y servicios fueron entregados antes de la formalización de los contratos, sin proceso concursal ni bases técnicas.
Entre las compras detectadas destacan la recolección de residuos domiciliarios, operación de plantas de tratamiento de aguas servidas en sectores rurales, mantención de cementerios, ferias de artesanos, corte de árboles, compra de indumentaria para eventos y arriendo de pantallas LED.
Dada esta situación, la CGR instruyó procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades administrativas y exigió al municipio implementar controles para que todas las adquisiciones se realicen mediante licitación pública, acudiendo a licitación privada o trato directo solo de forma excepcional.
A ocho meses de la auditoría, Fast Check CL tuvo acceso a un informe interno de la Dirección de Control de la Municipalidad de Coyhaique en el que se detectaron procesos de regularización, denominados comúnmente como «regularizas». Este término alude, en términos simples, a la formalización posterior de un gasto o contratación que ya se ejecutó sin cumplir los procedimientos previos.
En otras palabras: es cuando un proveedor presta servicios a un organismo sin que exista la orden de compra ni el acto administrativo que lo autorice, posteriormente el servicio se «regulariza» mediante un decreto, eludiendo así el conducto regular establecido en la Ley de Compras Públicas.
¿Qué indica el informe de la Dirección de Control?
La Dirección de Control detalla la emisión de 471 decretos alcaldicios usados para «regularizar y aprobar pagos» o «reconocer» servicios. Aunque los términos varían según el periodo, ambos refieren al mismo mecanismo. Asimismo, el organismo advierte que la diversidad de nombres en el repositorio municipal podría ocultar casos no contabilizados (ver informe acá).
Estas regularizaciones se han incrementado con los años: 106 decretos en 2022, 141 en 2023, 165 en 2024 y 59 hasta mayo de 2025. En total, las operaciones suman $4.473.648.519. La distribución anual de los montos se muestra en el siguiente gráfico.
Fast Check CL accedió a un archivo Excel elaborado por la Dirección de Control que detalla todas las regularizaciones detectadas, así como a un análisis de estos datos realizado por fuentes cercanas a la orgánica municipal.
El documento reveló que $3.549.883.357 —equivalentes al 79% del total— se destinaron a servicios privativos del municipio, tales como recolección de residuos, operación de plantas de tratamiento de aguas servidas, mantención de áreas verdes y administración de cementerios. El restante $923.765.162 correspondió a otros servicios.
De este modo, se observó que en 192 de 264 casos de regularizaciones correspondientes a «otros servicios o productos» hubo una omisión de la modalidad de Compra Ágil; un procedimiento abreviado diseñado para compras menores a 100 UTM —aunque hasta diciembre de 2024 el límite era 30 UTM— que podría haberse utilizado en estos casos.
Michel Figueroa, administrador público y director de Chile Transparente, indicó que no hay impedimentos para haber usado esta y otras modalidades de compra. «Se observa más bien una intensión deliberada de evadir los procedimientos regulares de contratación», afirmó.
Finalmente, se identificaron 89 regularizaciones que superaron los 100 o 200 UTM, por un total de $938 millones, que no fueron informadas al Concejo Municipal. Esto contraviene el artículo 8 de la Ley Orgánica Constitucional, que obliga al alcalde a informar al Concejo sobre las adjudicaciones y contrataciones del municipio.
Los proveedores detrás de las “regularizas”
Del total de de 471 regularizaciones de pago que suman más de $4,4 mil millones, existe un total de 188 proveedores adscrito a este mecanismo, según pudo constastar Fast Check CL.
Entre los proveedores más recurrentes con montos abultados se encuentra: Genera Gestión Ambiental SpA, que recibió $1.462.569.997 a través de 12 regularizaciones. El servicio corresponde a la «Recolección, Transporte y Disposición de Residuos Domiciliarios y Asimilables de la ciudad de Coyhaique y Localidades Rurales Valle Simpson, Villa Jara y Villa Frei».
Esta viene seguida por Resco Ltda. con $659 millones en 14 regularizaciones por áreas verdes, barrido de calles y mantención de cementerios, más $121 millones adicionales a través de su Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L).
También destacan Aguas Patagonia de Aysén S.A., con $558 millones en 32 regularizaciones para operación de plantas de tratamiento de aguas servidas; Senen Acricio Huichalao Negue, que recibió $139 millones en una sola operación por entrega de hormigón; y Héctor Fernández Andrade, el proveedor más recurrente, con 46 regularizaciones por $48 millones para recolección de residuos en localidades rurales.
Al respecto, el director de Chile Transparente, Michel Figueroa, indicó a esta redacción que la concentración de decretos y pagos en determinados proveedores representan un peligro: «El riesgo se encuentra en la posibilidad de haber cometido actos de corrupción, habiendo favorecido a personas discrecionalmente a partir de negociaciones incompatibles o incluso buscando defraudar al propio municipio», puntualizó el administrador público.
La normalización del sistema
Fuentes cercanas a la orgánica de la Municipalidad de Coyhaique indicaron que este sistema estaría normalizado, al punto que en la intranet municipal existe un formulario de uso frecuente para facilitar la gestión de las «regularizas».
Para Michel Figueroa, a partir de los antecedentes, se observa «un proceso irregular de adquisiciones o compras, las que debiesen, si es que no se realizo licitación o proceso concursal, al menos registrarse la ordenes de compra en Mercado Público».
«La evasión del procedimiento sin justificar una situación de emergencia, por ejemplo, genera responsabilidad administrativa en quienes participaron y en el propio Alcalde, habilitando al concejo municipal para solicitar al TRICEL la destitución del cargo», señala el director de la ONG.
De esta manera, el también administrador público afirmó que este mecanismo genera una brecha en el acceso a la información y la imposibilidad de acceder a los datos oportunamente. «Impide un adecuado control de los procesos, la verificación de los antecedentes y la posibilidad de haber encontrado el mejor precio para los servicios contratados», puntualizó Figueroa.
La versión del municipio
Consultada por Fast Check CL, la Municipalidad de Coyhaique aseguró que todo lo detectado en la auditoría de control interno «se encuentran plenamente sustentados en la normativa vigente y no se materializan en manera alguna en una irregularidad».
En el comunicado, la administración fue categórica en señalar que «cada uno de estos actos se ha realizado con un solo fin, que es favorecer a nuestros vecinos y vecinas, buscando que los procedimientos administrativos se realicen con estricto apego a la ley».
Por último, recordaron que su gestión comenzó en julio de 2021, recibiendo el municipio «sin contratos ni licitaciones de funciones privativas» y que, desde entonces, se han levantado los procesos administrativos, logrando que «a la fecha, la municipalidad de Coyhaique cuenta con el 90% de sus servicios licitados y adjudicados» (ver comunicado completo acá).
